El Gobierno confirmó ayer la adjudicación a manos privadas la Vía Navegable Troncal sobre el Río Paraná, conocido como la Hidrovía a la empresa privada de origen belga «Jan de Nul», según quedó plasmado en la resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La firma del contrato, prevista para dentro de un máximo de 30 dias, «activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos, y servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Via Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico», se informó oficialmente. Una de las principales denuncias fue la presentada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que impulsó una denuncia penal por presunta asociación ilícita contra altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el asesor presidencial Santiago Caputo. La acusación sostiene que el pliego fue diseñado para favorecer a Jan De Nul, al exigir la disponibilidad inmediata de dragas para operar a 44 pies, un requisito que, según los denunciantes, la empresa belga era la única en condiciones de cumplir en el corto plazo.
No se trata de la primera incursión de la empresa en el país, debido a que Jan De Nul opera la ruta fluvial del Paraná de forma ininterrumpida desde su primera concesión, otorgada en 1995. En este contexto, su principal apuesta en Argentina es quedarse con la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraná-Paraguay), un corredor logístico estratégico por el que circula alrededor del 80% de las exportaciones agroindustriales del país. El pliego exige a la empresa la profundización del canal hasta los 44 pies (para permitir el ingreso de buques de mayor porte) y la modernización tecnológica del balizamiento y los sistemas de seguridad. El modelo no requiere fondos del Estado, ya que la empresa financiaría las obras mediante el cobro directo de peajes a las navieras. Sin embargo, la ejecución operativa del contrato avanzará en paralelo a las investigaciones judiciales en curso. El desarrollo de las causas penales en Comodoro Py, las revisiones de los organismos de control y la resolución de las impugnaciones determinarán en el corto plazo la viabilidad política y legal de la nueva concesión.
