Uno de los principales objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fundada en el año 1919 fue la de abolir el trabajo infantil, adoptando y supervisando los estándares laborales de edad mínima, que debería coincidir con la edad en que cesa la obligatoriedad de ir a la escuela. De acuerdo a un estudio realizado por UNICEF, se estima que aproximadamente más de 150 millones de niños y adolescentes son forzados a trabajar. Las cifras registradas por la Organización Internacional del Trabajo son bastante preocupantes, ya que casi 8 millones de ellos desempeñan roles domésticos, siendo niñas en su mayoría. Una vez que son captadas para prestar este servicio, son víctimas de todo tipo de vejaciones. Además, es un trabajo de alto riesgo para sus vidas, donde no gozan de ningún tipo de beneficio ni contrato laboral debido a su edad. Son alejadas de sus familias y utilizadas prácticamente como esclavas de forma clandestina. En Argentina, los derechos de los adolescentes (personas entre 13 a 17 años) están protegidos principalmente por la Ley Nacional 26.061. Esta norma establece que son sujetos plenos de derecho y garantiza su derecho a la vida, la salud, la educación, la identidad, la integridad física y a expresar su opinión en todos los asuntos que les afectan.
